El tema de las tasas judiciales tiene su miga, y buena parte de ella no la están
explicando en los medios. Voy a tratar de hacer algunas
puntualizaciones con las que es posible que ayuden a entender algunas reacciones de
todas las partes implicadas.

 

En primer lugar, el tema de las tasas como tal es secundario, no es más que una
cortina de humo lanzada por Gallardón con dos objetivos, por una parte, emplearlo de
globo sonda para medir su fuerza y la cohesión del sector de la Justicia, de cara a
las reformas que sí le interesan y que son la segunda razón, en medio de este ruido,
la reforma de la LEJC y de la Ley del Poder Judicial. Si ve que se le echa todo el
mundo encima y la movilización es masiva, dejará correr el tema y esperará mejor
ocasión, si ve que no hay una respuesta sólida, seguirá adelante, tanto con esto
como con lo que de verdad está cociendo este impresentable.

 

La reacción de cabreo total de los jueces y secretarios judiciales está

totalmente justificada, lo mismo que de los abogados, durante el proceso de
redacción, se mantuvieron reuniones con los órganos de gobierno de la judicatura y
las asociaciones profesionales, en dichas reuniones se les informó que las nuevas
tasas serían, y cito textual: "algo testimonial, sobre unos 50 o 60 ? de
incremento", lo cual en principio a todos los colectivos les pareció algo asumible.
Y luego se encuentran con las salvajadas de tasas de la 10/2012.

 

El cabronazo la publica el 20 de Noviembre, cuando juraron por activa y por pasiva
que hasta 2013 no entraría en vigor, forzando a los despachos a meter por Decanato a
todo correr cuanta demanda y querella tenían pendiente, los Juzgados entre el pasado
día 15 y el 20 han sido un manicomio. Como se le ha echado encima todo quisqui,
rebaja la tensión dejando en suspenso las tasas "por problemas de implantación
técnica" (ni hay formularios, ni están en el sistema, ni los funcionarios tienen los
procedimientos ni manera de implantarlas en el Minerva), en esto nunca se comenten
estos errores, a menos que haya orden desde arriba de hacerlo así, de este modo, el

Gallardón se autofabrica un vacatio legis, que queda a su entera voluntad, mientras
va viendo la reacción de la Justicia a esto. ¿Chapuza? no, perfectamente
planificado.

 

Los objetivos de verdad, que se van cociendo poco a poco a puerta cerrada, son las
reformas anteriormente mencionadas, de las posturas que se están planteando, las
tasas judiciales son el menor de los problemas a los que se va a enfrentar el
ciudadano. Entre otros, son los siguientes:

 

- Despojar al Juez Instructor de toda competencia, dejando en manos de Fiscalía
todas las diligencias de los sumarios. ¿Qué significa?, pues que el sumario pasa de
controlarlo un señor que, en teoría, es independiente, a uno que está regido por el
principio de Obediencia Jerárquica, y cuyo jefesupremo es, ¡oh, sorpresa!, el
Ministro de  Justicia.

 

- Sustituir el Principio de Legalidad, que preside nuestro Derecho, por el de
Oportunidad. La diferencia radica en que el primero, de manera sencilla, obliga a
perseguir de oficio todo hecho que revista indicios de criminalidad, mientras que el
segundo se basa en la economía de medios, o sea, se persigue...si compensa, o si
interesa. Como le gusta decir a cierto Fiscal Jefe: "hay que considerar las
circunstancias particulares del caso..." que viene a decir que, dependiendo de quien
sea el posible imputado y posteriormente procesado y condenado, se investiga, o se
deja pasar, me

debes un favor de los grandes, y ya te lo cobraré.

 

- Otro asunto que tienen entre manos es cambiar el sistema actual del Turno de
Oficio, pasando a licitar por concurso público dicho servicio, esto supone de facto
la ruina para miles de abogados, puesto que solamente los grandes despachos podrán
reunir las condiciones para optar a semejantes concursos. El negocio es evidente,
ganas el concurso y con él, 40.000 horas de servicios por Juzgado, contratas un call
center en Panamá, para putear a los pringaos de los clientes, y luego subcontratas
todo a los mismos abogados que llevaban antes el Turno, pero a precios malayos. Tú
te forras, los que te dieron el concurso, también, y el Ministro, al terminar su
periplo, de socio honorario de por vida.

 

- Finalmente, la guinda la quieren poner con los jueces de distrito, pero para ello
primero tienen que colapsar totalmente la Justicia para poder justificarlo.
Básicamente son jueces nombrados a dedo por vía política, es parecido al Cuarto
Turno, pero a lo cutre salchichero, ya los Jueces del CT y los fiscales sustitutos
suelen ser una panda de mantas paduanas, en el caso de los de distrito, imaginaros
jueces y fiscales nombrados a dedo por el político de turno.

 

Todo esto es lo que tiene en mente el Gallardón, pero no por iniciativa

propia, estas medidas cuentan con el entusiasta apoyo de la clase política, porque
suponen el fin definitivo a sus problemas judiciales, y tener con la correa bien
atada al único poder que les puede hacer frente.

 

A armarse de paciencia, que esto va a ser duro.

 

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Interesante y triste. Un resumen rápido, conciso y claro de la actualidad Por si
alguien no está enterado: Como sabéis, el gobierno de España prepara una reforma de
código penal.

Algunas de esas reformas en 6 puntos:

 

1. Que un antidisturbios te pegue una paliza de muerte no es delito.

Que alguien lo grabe y lo difunda sí que lo es.

 

2. Que un banco te desahucie no es delito. Ocupar una sucursal

bancaria para protestar por haberte desahuciado: Hasta seis meses de prisión.

 

3. Cargarse la sanidad y la educación públicas no es delito.

Interrumpir el transporte público: Hasta dos años de prisión.

 

4. Que la policía abuse de su autoridad y emplee la violencia no es

delito. Resistirse a la autoridad: Hasta cuatro años de prisión.

 

5. Que los políticos agredan con sus reformas a miles de personas no

es delito. Que una persona agreda a un político: Hasta seis años de

prisión.

 

6. Incumplir el programa electoral y mentir no es delito. Convocar

manifestaciones para protestar por ello: Hasta un año de prisión.

 

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